domingo, 29 de enero de 2017

NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Por Suzuky Margarita Gómez C. 

En la sociedad patriarcal, se  asume  que los hombres  son superiores a las mujeres  como un hecho sustentado por  la naturaleza, de  lo que  a su vez se desglosa que es el hombre  la medida  de todas  las cosas, se sitúa entonces al hombre  como el modelo o patrón del ser humano, lo que  conlleva a que a la sociedad junto a  sus instituciones den respuesta a  sus necesidades  específicas, asumiéndolas  como generales.

En este  mismo tenor, se han generado una  sucesión  de leyendas y estereotipos que intentan argumentar el “porqué” de la inferioridad femenina, atribuyéndole  a la mujer particulares negativas  que  a su  vez pretenden estar vinculadas  a su naturaleza, constituyendo  así un sistema de creencias  que determina relaciones anómalas entre hombres y mujeres en los diversos  contextos de la sociedad, involucrando  en ello las  relaciones interpersonales. Como garantes en la permanencia de este sistema, se hallan conjugados  el Estado, las instituciones religiosas, la familia, las instituciones educativas junto  a los medios de información y comunicación, los  cuales reproducen, confirman y procuran  su cumplimiento desde sus  diferentes ámbitos de  acción. De cara a estos  constructos  sociales donde  los  roles tradicionales entre hombres y mujeres se reafirman armonizando con los roles modernos, se puede expresar en sintonía con Bordieud (2005) como “…las  leyes, las  representaciones, la moral, la psicología, los  roles relativos a la sexualidad, todos convergen para asegurar la supremacía viril y la subordinación femenina…” (p. 22).
Los sistemas  legales por muchos años justificaron la inferioridad de la mujer, invalidándola jurídicamente. La mujer no era reflexionada como persona  natural, es  decir, no tenía existencia  jurídica, por  lo que estaba sujeta  a la tutela, y eran encargadas a los miembros masculinos de su núcleo familiar. Esta privación legal era indisoluble  durante  toda su  vida, ya  que nada tenía  que ver  con su  edad, intelecto o  capacidad  de comprender, todo  esto tenía  su base en el hecho de haber  nacido  mujer. Es  este  uno de los factores que  le atribuye  al hombre el derecho de la violencia contra las mujeres como estrategia disciplinaria y para enmendar el mal  comportamiento de las  féminas en el ambiente privado. En la actualidad el emplear la violencia  como medida de corrección a la mujer  es  ilegítimo, desde la normativa  legal vigente, la  violencia  en cualquiera de sus  formas  está tipificada  como un delito, pero  contradictoriamente continua una legal  desde lo social y lo cultural.
Presentándose así, múltiples  argumentos  culturales  en relación a la  violencia contra  las  mujeres, cuyas  líneas de acción apunta a culpabilizar a las víctimas, a justificar la violencia o restarle responsabilidad al atacante y  así contribuir a que la víctima  no salga de esa situación. Entre los  argumentos  se subrayan los siguientes, sobre la base de la teoría de Luján (2013):

El primer aspecto a evaluar,  con referencia a las mujeres que  no abandonan  el círculo de violencia es ser categorizadas como masoquistas, estar enfermas o presumir que les  gusta  vivir  así: son muchos los factores que hacen juego en esta situación, desde la dependencia económica, la carencia de herramientas sicológicas para abandonar al agresor, tal como refiere Lujan (op. cit.) “La víctima suele desarrollar dependencia emocional respecto del agresor y, frecuentemente suele albergar temores de que las cosas podrían ir aún peor si lo denunciaran…” (p. 73).

Muchas mujeres asumen que perderán a sus hijos, sus bienes materiales que necesitan para subsistir y en otros casos el temor a las sanciones familiares y sociales.
En segundo lugar, se acusa a las  mujeres maltratadas  en múltiples ocasiones  de provocar a su atacante: esto puede considerarse una falacia, ninguna mujer está preparada para ser “objeto” de un violento. Luján (op. cit.) acota “la mujer agredida calla por la vergüenza que genera ser una mujer maltratada” (p. 75). Cuando las féminas  son agredidas por lo regular entre en estado shock y esto les impide denunciar al agresor. Otra reacción de las mujeres puede ser sentirse avergonzadas por no saber llevar una relación, cargándose también de mucha culpa. Estos procesos colocan a las víctimas en alto riesgo, piensan que solas pueden cambiar la situación y esto se sostiene hasta una nueva arremetida del agresor. 
Un tercer aspecto a considerar, en la búsqueda del origen de la violencia, es atribuirla a las  enfermedades mentales: esta afirmación es cuestionable puesto que la mayoría de los agresores están clínicamente sanos, no obstante Luján (op. cit.) expresa:

Sólo entre un 10 y un 20% de los casos de violencia contra la mujer o violencia familiar son causados por personas con trastornos psiquiátricos o de la personalidad. Entre ellos se destacan individuos “con escasa ansiedad, nula capacidad para ponerse en el lugar del otro (empatía) y pocos o ningún remordimiento, cumplen algunas de las características de los llamados psicópatas. (p. 78).
    
Regularmente los agresores sufren de celos, inseguridad personal, carecen de autocontrol. Por otra parte, su cosmovisión es errónea, son machistas, otros misóginos y representan todas las cualidades oscuras del patriarcado.
Un cuarto argumento a discutir está referido al abuso sexual. El cual se ha considerado  un juego tácito, cuando ella lo desea dice “no”, pero lo que  realmente  está  diciendo es  un “si” (argumento frecuente en los  casos de  abuso  sexual). Pensar que una mujer que sufre de maltrato, lo disfruta es un error. Afirmarlo es colocar la responsabilidad de la agresión en la víctima. Luján (op. cit.) destaca en este aspecto “Resulta muy sencillo en verdad pensar que una mujer disfruta del maltrato. Más complicado es aceptar su derecho a ocupar un lugar de igualdad con el varón en la sociedad…” (p. 80). Ninguna mujer puede sentir placer explícito o sobreentendido, bajo condiciones de maltrato (con la excepción de la respuesta biológica que pudiera resultar del estímulo sexual), son muchas las mujeres que aceptan esta situación bajo condiciones de coacción, perdida del autovalor, carencias afectivas entre otras razones que no le permiten abandonar al agresor.
Asimismo, se pueden encontrar patrones de comportamiento implícito  en el entorno social que norman las  relaciones  interpersonales, entre ellos  se destacan: a) es obligación de la mujer seguir  al marido  donde  este decida ir; b) el hombre es de la calle y la mujer  de  su  casa; c) es el padre  quien sostiene  el hogar; d) los  problemas de pareja  son de  dos y los terceros  sobran; e) la ropa  sucia se  lava  en  casa. En este orden de ideas Parra (2012) señala:

La cultura [patriarcal] nos  obliga a comportarnos  de determinada manera de acuerdo a nuestro  sexo, nos  atribuye roles, y nos  impone valoraciones, significaciones y representaciones independientes de nuestra  voluntad, a  este  proceso se  le  denomina sistema  sexo-género. Nuestra cultura impone estereotipos  que asocian la masculinidad con la  violencia, la entereza y con la racionalidad y la feminidad con la  debilidad, la seducción y la ineficiencia, como dice el texto de  Marcela Lagarde: las mujeres son especializadas y valoradas como cuerpo para  otros. (p. 141).

Al imputar a lo femenino particularidades que  van dirigidas  a la  pasividad, a la subordinación, la indefensión y con ello la propensión a  ser atacadas, junto al miedo a enfrentar la fuerza física, es la contribución que la  sociedad realiza al crear mujeres victimizadas por la causa de ser  mujer, incluyendo aquellas que no son atacas, ni han  estado  sujetas a hechos  de violencia. En concordancia con Cano y Yacovino (2014), existen dos representaciones  sociales de la mujer  víctima o en situación de violencia; la “buena víctima de violencia” (p. s/n). Es una mujer que permite  ser rescatada, y que obedece resignadamente, “Muchas veces, en su cuerpo lleva las marcas de la violencia” (ibíd.) […] La mala víctima de violencia es la que se resiste, que no desea ser salvada, “duda de todo lo que se dice, y no decide qué hacer.”(Ídem). En ocasiones es tratada bajo el estigma de “se  lo busca” (Id.). Las  ubicadas en esta representación corren el riesgo de  ser  calificadas  como consentidoras  o provocadoras.
En ambos  casos estas  representaciones  distorsivas ocultan  la culpabilización a priori de las mujeres: unas  por  no saber protegerse y las otras por causar conductas agresivas. Esto trae  como resultado que la sociedad  frente  al hecho violento haga hincapié en la conducta de la víctima  por  encima  de la conducta del agresor. Otra circunstancia  digna  a mencionar es  que si el perfil  del agresor no coincide con el estereotipo social de  lo que se espera sea  un agresor, las declaraciones de la víctima pudieran perder credibilidad, ocasionando actitudes de silencio y promoviendo acciones negativas, tal  como no denunciar.

Referencias:

Bordieud, P. (2005). La dominación masculina. Editorial Anagrama.
Cano, J. y Yacovino, M. (2014). Representaciones distorsivas sobre la mujer víctima en situación de violencia. En: De (s) generando el género. [Página en línea] Disponible en: http://desgenerandoelgenero.blogspot.com/2014/03/representaciones-distorsivas-sobre-la.html  [Consulta: 2014, Junio 21]
Luján, M. (2013). Violencia contra las mujeres y alguien más. Valencia: Universidad de Valencia. [Informe en línea] Disponible en: http://roderic.uv.es/bitstream/handle/ 10550/29006/Tesis%20completa.pdf?sequence=1 [Consulta: 2016, Julio 1]

Parra, D. (2012). Retos del Estado frente al marco de  la Ley Orgánica Sobre  el Derecho de la Mujer  a una Vida Libre de Violencia. En: I era Jornada Nacional en Materia de Defensa Integral para  la Mujer, Ministerio Público.

lunes, 23 de enero de 2017

LA RESPONSABILIDAD DE LA MUJER EN LA PRESERVACIÓN DEL PLANETA. UNA MIRADA DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD.

Por: Suzuky M. Gómez Castillo. 

La anexión de  la  mujer  en la  planificación  de políticas  ambientales es  un proceso lento. A pesar  de  que  la  comunidad  internacional  a través de  instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para las Naciones Unidas (ONU) entre otras, se  han mostrado  de  acuerdo al indicar que  sin la completa participación de  la mujer no se puede alcanzar una plena sustentabilidad.

La  mujer tiene  entre  sus  propósitos la tarea  de preservar el  sistema  ambiental y esto debe ocurrir desde el impulso de la educación ambiental para la sustentabilidad, entendiéndose este proceso según explicación de Monaldi (2000) desde el promover “…simultáneamente el proceso educativo popular, la seguridad ciudadana, el aseo público, el embellecimiento urbano… [Para conformar] un proceso de desarrollo sostenible o sea retroalimentando positivamente…” (p. s/n). Desde la perspectiva del crecimiento económico en el cual  la  tecnología, el aprovechamiento de  los  recursos y la  estructura  tanto social como política sostienen las necesidades actuales,  sin  comprometer la  capacidad de  satisfacción  de  las generaciones futuras.

Según se ha visto, la mujer tiene un papel  clave promover la humanización tanto del desarrollo como del crecimiento sostenible, ya  que sobre la misma reposa el compromiso de atender y satisfacer las  necesidades del  grupo familiar y por  consiguiente, establece una  fuerza  significativa en la  determinación del  consumo. En este contexto, la  mujer cumple un rol preponderante en el diseño de estrategias de producción y consumo  sustentable y ecológicamente saludable así como racional, que  conlleven a  mejorar la  calidad de vida de sí misma y por  consiguiente de los  integrantes de su  entorno.

En este propósito, se estudian los compromisos aprobados por la Cuarta Conferencia Mundial sobre  la  Mujer  que  se llevó  cabo  en Beijing (1995), a través  de la Declaración y Plataforma de Acción el  primero está  referido a la  necesidad de incorporar activamente a la  mujer en la toma de decisiones referentes al  ambiente en  todos  los  niveles y de incluir la perspectiva de género en  las  estrategias, los  programas y planes  emplazados  hacia  desarrollo  sustentable, como parte del bloque de  lineamientos que proponían la  inmediata incorporación de  medidas por parte  de los  Estados, la  comunidad internacional y  la  sociedad civil.

Dentro  de  las  acciones  propuestas se  impulsaba la intervención  activa de  la  mujer en los  planes de  ordenación  del medio  ambiente. Se propuso  promover investigaciones sobre situaciones ambientales que  expresaran la problemática del  género sobre  el impacto de los  contaminantes  ambientales y otras  sustancias  toxicas,  incluidas  sus  consecuencias en la  salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, la  participación activa de  la mujer en el diagnóstico, diseño y aplicación de  políticas, planes, proyectos  y  modelos  sostenibles  en el  tiempo, orientados a  fomentar y  proteger los  aspectos ambientales e integrales de la  salud  humana, asimismo se  plantean indagaciones  orientadas al estricto respeto de  los  derechos  humanos  a  través del  establecimiento de normas de  convivencia que  contribuyan a erradicar actos  violentos  contra  la  mujer, en la  búsqueda  de  optimizar y mejorar la  calidad de  vida  de  las  comunidades.
Lo ya señalado dio cumplimiento a un primer avance como lo fue mandato de la  ONU a través de la Declaración de Viena sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), en el  cual se  definió la violencia como:

Artículo 1. […] se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Se concibió entonces a la violencia como un elemento que lleva a la mujer a ocupar un lugar de subordinación y de sometimiento en relación con el hombre. La ONU como medida de acción nombro una veedora o relatora especial sobre la violencia contra la mujer para que obtuviese material y así recomendar medidas para la erradicación de este tipo violencia, sus causas y consecuencias. Esta acción dio pie para que en 1999, la ONU declarara el 25 de noviembre como el Día internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer.

Otro esfuerzo considerable se reconoce en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (CIPSEVM- 1994) también conocida como Convención de Belem do Pará (1994), aquí se crea una herramienta de carácter internacional que reconoce explícitamente la problemática de la violencia  contra las mujeres.  Asume como plataforma la Declaración Americana de los Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se cree que la violencia contra las mujeres es una forma de escarnio a la dignidad de los seres humanos y un reflejo de las formas patriarcales en las cuales se desarrollan las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Distinguidas  por la violencia contra las mujeres  y que es considerada en la Convención Europea de Derechos Humanos (1950), protocolo 12,  una “violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales.”

En síntesis, estas sinergias abrieron el compás para que  la  comunidad internacional asumiera el  compromiso  de respetar y  promover los  objetivos vinculados  con la  igualdad entre  los géneros, el desarrollo sustentable y la  paz para  todas las  mujeres y dio un paso  firme para  que estos  temas  entraran en las  discusiones y agendas  del  siglo  XXI.

Sobre  la base de  documentos  más recientes observaremos como  la  comunidad  internacional realiza  esfuerzos por  mejorar  la  calidad de  vida de  las  mujeres y  erradicar de  sus vidas toda  forma  de  violencia que  le  pudiese  privar de cumplir  sus  papeles  en la  sociedad. Si retomamos  la  Cuarta Conferencia Mundial de  las  Naciones Unidas de  la Mujer (Beijing, 1995), y la cotejamos con las actas de la Federación Internacional de  productores Agrícolas (FIPA), a la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM) más los compromisos de la  Unión Mundial de Mujeres  Rurales (UNMR) en contra posición con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, identificada  como Río + 20 (Río de Janeiro, 2012), podría observarse la  ratificación y la creación de  fechas mundiales, tal es el  caso del Día  Internacional de la  Mujer  Rural (15 de  Octubre), el Día Internacional de la  Mujer (8 de  Marzo) y  el  Día  Internacional del Ambiente (5 de  Junio).

Hecha las consideraciones anteriores, se puede considerar que dos  importantes movimientos sociales se mantienen  vinculados en este  milenio, ellos  son el movimiento  ambientalista y el  movimiento  femenino, ambos  en  conexión directa  con el  paradigma educar para  la sustentabilidad, lo  que  representa incorporar temas elementales del Desarrollo  Sustentable y de la educación ambiental a los  programas  de  enseñanza  y  aprendizaje, significa entonces, según la UNESCO (2014) que:

La educación es esencial para el Desarrollo Sostenible. Los ciudadanos del mundo tienen que encontrar su camino hacia la sostenibilidad. Nuestra base de conocimientos actual no contiene las soluciones a los problemas ambientales, sociales y económicos contemporáneos. La educación de hoy en día es crucial para que los líderes y ciudadanos del mañana desarrollen la habilidad de encontrar soluciones y crear nuevos senderos hacia un futuro mejor (p. 1).

Ante la situación planteada, se propone reducir  la  brecha tecnológica entre  los  países  desarrollados y  en desarrollo y  con  ello  disminuir  la  dependencia  tecnológica, también se debe considerar la  optimización de la  calidad  de  vida  de los  pueblos  indígenas y  de sus  comunidades así  como el  de otros colectivos locales  y tradicionales, apoyando  su  identidad cultural e intereses, y con  ello evitar  poner en  riesgo  su patrimonio  cultural y  sus  conocimientos  ancestrales.

Se  intenta encubrir de  esta  misma forma las desigualdades de  género de esta sociedad, aunque contradictoriamente la ONU plantea  que  el siglo XXI  está  enmarcado como el  milenio  de la  igualdad  y la equidad con relación a los derechos de género, donde deben prevalecer los  derechos  humanos, la  justicia y la  paz. En  este  mismo  orden, retomamos los  resultados y las  recomendaciones de la  Cumbre de Río (2012), donde se incita a promover y  aprovechar  el  potencial  de las mujeres y los  hombres  en condiciones  de  igualdad y  que esto conlleve a la inclusión y protección social,  se exhorta a formular actividades para aminorar la  pobreza y  las  modalidades sostenibles de  consumo y producción.

Bajo  esta perspectiva cabe puntualizar la  Declaración  Final  de la Cumbre de  los  Pueblos (2012), donde se plantean  los  siguientes  ejes  de lucha; tomar  acciones contra la  violencia a las  mujeres, los grupos que  integran la  diversidad  sexual, igualmente que se garantice el  derecho de  los  pueblos  a la  tierra,  al territorio  urbano y  rural, al  cambio  de modelo  energético y  que  se  reconozca la deuda histórica  social y  ecológica.

Otro aporte significativo en virtud de suscitar esfuerzos en pro por el respeto de la diversidad humana, la inclusión, la no discriminación y la equidad estuvo revelado en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (2000) y promulgado en la  Declaración  del Milenio para las Naciones Unidas (2000-2015) (DMNU),  en ella los jefes de Estado de los países que integran la ONU acordaron reafirmar los compromisos asumidos en la Carta para las Naciones Unidas entre los cuales se menciona:

[…] el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario”… (p. 1).

 

Precisando la DMNU en ella se establecieron 8 objetivos y/o propósitos de desarrollo humano, donde los 189 países miembros se comprometieron a cumplir para el 2015. Estos objetivos con sus metas recogen problemas de la vida cotidiana que son considerados graves. Entre ellos y en concordancia con el tema-problema de esta investigación se puede señalar el n°3  el cual dicta:” Promover la igualdad de  género  y  el  empoderamiento  de  la  mujer” aquí se observa cómo  estas  acciones colocan  en la  palestra  el  alto grado de exclusión y  marginalidad al  cual son  sometidas  las  mujeres y  es partir  de  este  enclave que se  comienzan  a plantear  acciones  más  firmes dirigidas a  alcanzar  esa  intervención, este trabajo se afilió en la propuesta DMNU a: “promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible.”  (Ob. Cit., p. 5). Tal como se señala en esta declaración, se nota  la imperiosa necesidad  de hacer notable la labor de las  mujeres, para  reconocer  la  complejidad  cultural y  el  respeto  a  sus derechos humanos.

A partir del año 2015, se estable la nueva agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU, la cual incluye un conjunto de objetivos globales cuyo propósito está centrado en la erradicación de la pobreza, proteger al planeta y proporcionar prosperidad a sus habitantes. Cada uno de estos 17 objetivos posee un conjunto de metas las cuales deben alcanzarse en un lapso de 15 años. Para efectos de la presente investigación se destacan los objetivos 4 y 5. Cabe mencionar que el objetivo 4 hace referencia a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (p.19), el cual será operativo desde a partir del cumplimiento  de sus metas entre las cuales se destaca; el acceso en igualdad condiciones de hombres y mujeres  a todos los niveles y modalidades de la educación con calidad, la eliminación de las desigualdades de género, la promoción del desarrollo sostenible, la adopción de estilos de vida sostenibles, la promoción de una cultura de paz y la no violencia entre otros aspectos.

En  relación al objetivo 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (p.20), se espera eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo la trata, la explotación sexual, la mutilación genital,  el matrimonio infantil, precoz y forzado. Asimismo se busca, el reconocimiento del cuidado y de las actividades domésticas no remuneradas. En este marco de ideas concretaran acciones pertinentes a empoderar a las mujeres para que alcancen la equidad y la igualdad  en todos los niveles.

Referencias:
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. [Documento  en línea] Disponible en: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104. Sp?Opendocument [Consulta: 2014, Enero 10]
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convención Europea de Derechos Humanos). (1950).  [Documento en línea] Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/euro/spanish/Sz17euroco.html [Consulta: 2015, Enero 11]
Declaración final de la cumbre de los pueblos en la Río+20 (2012) [Documento en línea] Disponible en: http://rio20.net/propuestas/declaracion-final-de-la-cumbre-de-los-pueblos-en-la-rio20/  [Consulta: 2014, Enero 10]
Monaldi, F. (2000). Petróleo + Turismo = Desarrollo Sostenible. En: Petróleo YV. [Página  Web en línea] Disponible en: http://www.petroleoyv.com/website/site/p_detalle. php?id=144&tipo=4  [Consulta: 2014,  Julio 6]
Organización de la Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. [Página web en línea] Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/[Consulta: 2016, Febrero 19]
Organización de las  Naciones  Unidas para la  Educación, la  Ciencia  y la  Cultura. (2014). Educación para  el  Desarrollo  Sostenible (EDS). [Documento en línea] Disponible: http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/sustainable-development/ [Consulta: 2014, Julio 6]
Organización  para  las  Naciones  Unidas. Objetivos  del Desarrollo Milenio, Informe 2009. [Página  Web en línea] Disponible en: http://www.cinu.org.mx/ODM3/ [Consulta: 2014, Diciembre 21]

jueves, 19 de enero de 2017

LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD

Por: Suzuky Margarita Gómez Castillo. 

Existe una estrecha relación entre la problemática ambiental y lo vinculado a lo económico y a lo social.  No obstante,  tampoco se pueden establecer diferencias entre las condiciones humanas y las condiciones ambientales derivadas del desarrollo, ya que estas se encuentran unidas en el marco de acciones y relaciones sociales que transgreden el ambiente como sistema natural, un ejemplo de esto lo evidenciamos al estudiar los efectos del cambio climático sobre una determinada población y si lo observamos con perspectiva de género podríamos establecer sus  efectos tanto en hombres  como en mujeres.
De este modo, también existe una teoría que plantea que la población mundial  afronta desde fines del siglo pasado un agotamiento en el modelo de desarrollo distinguido por sus nefastos efectos en los diferentes sistemas así como su carencia de equidad. En este orden, el Instituto Nacional de las Mujeres (2016) contempla:

Las desigualdades sociales, y en particular las producidas por las asimetrías de género, ya no se consideran simples secuelas o fallas de las políticas de desarrollo que sólo requieren atención secundaria, sino parte de las causas estructurales de la pobreza y del reparto inequitativo de la riqueza, además de un obstáculo para la construcción de esquemas de producción y consumo tendientes a lograr una vida digna y sustentable para las mujeres y los hombres de nuestro país. (p. 3).

Como resultado, se hace necesario migrar hacia un nuevo modelo de desarrollo más justo, y por consiguiente hacia nuevos constructos  soportados en la sustentabilidad, la equidad y la igualdad. El concepto de sustentabilidad ha evolucionado desde su concepción primaria en el contexto biológico-físico hasta el presente que incluye el ineludible equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos, políticos, sociales y culturales, que dé respuesta a un enfoque sistémico y multidimensional del desarrollo, en el cual la protección intergeneracional, la igualdad, la equidad y las medidas sostenibles a largo plazo se destaquen como elementos imprescindibles.
En este artículo se analizan los cambios ocurridos en este constructo y los principios en torno al mismo, así como las diferencias que emergen de parte de los diferentes actores y grupos sociales, principalmente en lo concerniente a las acciones y decisiones indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable. En este sentido, es importante conocer los mecanismos de participación que se adjudica a los diferentes grupos y sectores de mujeres en relación con el desarrollo ya que esto brinda preeminencia a la triada relación de género, ambiente y sustentabilidad. En este tenor,  vea el  siguiente gráfico .

Como se puede observar en el gráfico, en el transcurso del proceso de costrucción dela indagación, las mujeres son identificadas como un poder que históricamente ha contribuido a conducir de una manera más proporcionada acciones favorables para el ambiente, pero que a su vez demandan una mejora en su calidad de vida, la prevención de acciones violentas en su contra y nuevas medidas que  inviten a optimizar la equidad social. Esto se corrobora en los múltiples escritos, declaraciones y planes de acción resultado de los encuentros internacionales  ocurridos en años recientes. En relación a lo ya planteado, revisamos la Declaración de Ahmedabad producto de la Cuarta Conferencia Internacional de Educación Ambiental (2007):

La producción y consumo humanos cada vez mayores están rápidamente socavando los sistemas de soporte de vida de la tierra y el potencial para que toda prospere. Las suposiciones de lo que acerca de lo que constituye una calidad de vida aceptable para algunos, la mayoría de las veces significa privación para otros. La brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el incremento en los riesgos para la salud y la pobreza son indicadores de modelos de desarrollo y estilos de vida insostenibles. Existen modelos y visiones para un futuro sostenible y se necesita acción urgente para convertirlos en realidad. Los derechos humanos, la equidad de género, la justicia social y un medio ambiente saludable deben convertirse en imperativos globales. La Educación para el Desarrollo Sostenible es esencial para que esta transformación ocurra. (p. 1)

A pesar de que  la vinculación mujeres, relaciones de género y ambiente se ha constituido en una trama interesante y de análisis emergente, es factible identificar las diferentes líneas teóricas de este contexto. Esto apertura la posibilidad de crear estrategias y promover políticas públicas (sustentables), así como también se pueden generar materiales que inviten a resarcir y evitar el daño ambiental y, asimismo, se estimule una mayor equidad  entre los diversos integrantes de la sociedad, debe exhortarse a una mayor comprensión en la relación entre hombres y mujeres y su  relación con el ambiente, sobre  el sistema de género, las transformaciones ambientales y su impacto, en el contexto de las realidades institucionales, locales o regionales. 

Referencias:

Instituto Nacional de las Mujeres. (2016). Relación entre el género y el medio ambiente. [Página en línea] Disponible en http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/mujer-y-medio-ambiente [Consulta: Julio 1, 2016]
Cuarta Conferencia Internacional en Educación Ambiental. Declaración de Ahmedabad 2007: Una  llamada a la Acción. [Documento en línea] Disponible en: http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=9451&URL_DO=DO_TOPIC &URL_SECTION=201.html [Consulta: 2015, Febrero 11].

domingo, 15 de enero de 2017

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD COMO VÍA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA

Por Suzuky Margarita Gómez.

La educación ambiental para la sustentabilidad (EAS), tienen sus cimientos en un proyecto comprometido con la mejora de la calidad de vida de todos los seres humanos.


Su intención primordial es alcanzar que tanto los individuos como las colectividades entiendan la complicada naturaleza del ambiente (cuyo resultado es la combinación interactiva  de sus factores: físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos entre otros) y obtengan la sabiduría, la información, los valores y las prácticas necesarias para participar de manera comprometida y eficaz en la prevención y solución de las diversas problemáticas ambientales  y en la gestión de la calidad del ambiente. Según Franco, Eastmond,  y Vigía de Alba (2010), la EAS es una:

[…] disciplina integradora, holística, interdisciplinaria, articuladora del conocimiento, la información y los saberes, nos permite la oportunidad de entender esta crisis que, a decir de los expertos, ni los individuos ni las instituciones estamos preparados para enfrentar […] (p. 444).
    
La Educación Ambiental para la Sustentabilidad, es un  instrumento para reivindicar la educación y evolucionarla  en una práctica social crítica que se sustente en enseñar para la época y transformar primero al individuo y luego al mundo. La EAS resulta  importante como vía para comprender las interrelaciones entre los sistemas naturales y sociales, así como para obtener un conocimiento más claro de la relevancia de los factores socioculturales en el origen de la problemática socioambiental.
En este tenor, debe promoverse la adquisición de la conciencia, los valores y las conductas que propicien la participación positiva de la población en los procesos de toma de decisiones. La EAS, entendida bajo esta visión  se convierte en un factor estratégico que incide en los modelos de desarrollo implantados en la sociedad para redirigirlo  hacia la  sustentabilidad y la equidad. En este sentido, ver el gráfico 1.


Gráfico 1. Educación ambiental para la sustentabilidad.

Esto lleva a considerar que la Educación Ambiental para la Sustentabilidad,  más que cifrarse en aspecto concreto de la dinámica educativa, se ha convertido en una plataforma ideal para proponer un nuevo estilo de vida. Desde una práctica pedagógica abierta para la vida social que conlleve a la praxis recurrente donde se aborde consensuadamente problemas como el desequilibrio  existente entre las normas de convivencia social que se han asumido en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez y el avance de la reiterada violencia contra las mujeres, que persiste en nuestro contexto institucional. Es imprescindible, valerse de las herramientas de investigación acción que  nos brinda Educación Ambiental para la Sustentabilidad para motivar a los miembros de la comunidad a participar, con el firme propósito de mejorar las relaciones entre seres humanos y el ambiente.
En concordancia a lo ya expuesto, se sostiene que la definición de no violencia, lleva tácito la definición de paz, consenso, equilibrio y armonía se dice que la humanidad vive una crisis de valores en donde lo primordial es el eje económico, en la cual la divergencia es uno de los aspectos que  más se exteriorizan; la desigual distribución de los recursos desmejora la realidad de los sectores más pobres. La educación para la convivencia social y la no violencia puede comenzar enfatizando la importancia de batallar, es decir, precisa Córdoba (1996):

…por la igualdad, la justicia social, la democracia y el género en el contexto del desarrollo sustentable. Es necesario superar la condición en la cual vive la mujer, cumpliendo en muchas ocasiones con una triple jornada; a la mujer debe de valorarsele  su verdadero aporte a la economía y a la sociedad... (p. 123).

Esto es un como subir un escalón para sobresalir a la violencia social, familiar, política y económica; es necesario dejar de lado los intereses individualistas  y asumir un programa comunitario  y consensuado que erradique las diferentes formas de violencia presente en nuestra sociedad.

Referencias:

Córdoba, C. (1996). Educación para la no violencia: hacia un desarrollo sostenible, sustentable, sostenido con perspectiva de género. En: Ciencias Sociales, n°71, p.123-133.
Franco, V., Eastmond, A. y Vigía de Alba., M. (2010). Educación y cultura ambiental. Educación ambiental para la sustentabilidad. En: Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán, 444-448 pp.

miércoles, 4 de enero de 2017

Observaciones Finales Sobre el Séptimo y Octavo Informe Periódico Combinado de Venezuela (2014), presentado ante la Comité Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)


 Por: Suzuky M. Gómez Castillo.

Posterior a la presentación oral y pública del informe precitado y haber contestado a las  interrogantes planteadas Comité para la Eliminación de todas las formas de  Discriminación  contra la Mujer (Organización para las Naciones Unidas, CEDAW), el presente documento expone los graves  problemas que se presentan en Venezuela en relación a los derechos humanos (DDHH) que se recomienda sea abordados y superados, entre  estos resaltan en el marco legislativo que a  pesar de  haberse presentado un proyecto de reforma  integral  del Código Penal/Civil, aún persisten parámetros discriminatorios  contra las mujeres y principalmente en  relación a los delitos de orden sexual. Esta situación subestima los DDHH de las mujeres y minimiza  el impacto de los acontecimientos que interfieran con la  dignidad e integridad física y psicológica de las agraviadas. La CEDAW (op. cit.) recomienda:

Diseñar una política judicial integral para eliminar las barreras institucionales, sociales, económicas, tecnológicas y otras que enfrentan las mujeres en la obtención de acceso a la justicia y proporcionar un mecanismo de seguimiento para su implementación suficientes recursos humanos, financieros y técnicos, así como los indicadores y Velar porque las mujeres víctimas de discriminación por motivos de sexo y/o género tengan acceso a un recurso efectivo, así como facilitarles su acceso a la asistencia jurídica […] (p. 2).

En relación con el acceso a la justicia, se  acota en este documento una preocupación manifiesta ya que las mujeres venezolanas necesitan  recursos fundamentales que les garanticen el acceso a la justicia. Se acota que la Comisión Nacional de Justicia de Género no ha trazado ni ordeno, hasta la emisión del informe, políticas judiciales destinadas a mejorar el sistema de justicia de género adecuado a las necesidades y contexto social del país. Se recomienda enfáticamente reconsiderar la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos ya que esta convención y  la CEDAW (op. cit.) se fortifican recíprocamente.
En el caso de los mecanismos nacionales para el adelanto de la Mujer, existen evidentes fallas en relación a los mecanismos para diseñar, ejecutar, dar seguimiento a los programas y políticas que establece el estado  en materia  de derecho de las  mujeres. En  este mismo tenor el CEDAW (op. cit.) recomienda al Estado Parte:

El Comité toma nota del establecimiento de diversas instituciones para promover los derechos de las mujeres, en particular, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Sin embargo, sigue preocupado por la falta de mecanismos eficaces para diseñar, ejecutar y supervisar las políticas y programas pertinentes (p. 3).

Propone el organismo asesor que escuche e incorpore la opinión de las  Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la revisión de los planes y programas propuestos, entre ellos el Plan Juana Ramírez la Avanzadora (2009-2019) base del Plan Mamá Rosa (2013-2019).  Esto con el propósito de responder a todos los aspectos propuestos en  la convención, incorporándole nuevos indicadores, plan de  trabajo y fechas límites así como mecanismos de acompañamiento y seguimiento. Otro aspecto a considerar, sería la inclusión de medidas especiales de carácter temporal como tácticas que promuevan el logro de la igualdad sustantiva en las situaciones donde la desigualdad entre hombres y mujeres sea evidente.
Con referencia  a los estereotipos, las campañas en los medios de información y comunicación para neutralizar los estereotipos patriarcales son escasas, no se visibilizan proyectos dirigidos a sensibilizar el cambio hacia  valores de igualdad y equidad de  género.
No existen campañas en medios públicos ni privados de difusión masiva, para contrarrestar los estereotipos patriarcales y estimular el cambio hacia valores de igualdad de género. La CEDAW (op. cit.) propone:

Realizar un estudio sobre cómo los estereotipos subyacentes en el poder judicial, afectan el derecho de las mujeres a un juicio justo, y garantizar que los jueces, fiscales, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se beneficien de programas de capacitación sobre los estereotipos de género de modo de asegurar que los estereotipos y prejuicios de género no influyan ni afecten los procedimientos judiciales y la toma de decisiones […] (p. 4)

Existe un abierto proceso que pareciera estar creciendo con relación a la violencia de género por parte de los representantes que deben preservar el orden público (policía Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana entre  otros cuerpos y esto se ha manifestado durante las protestas cívicas, donde han sido asesinadas mujeres por acciones de los cuerpos  ya  mencionados. La CEDAW (op. cit.)  Acota que se debe “velar porque todas las autoridades y funcionarios públicos están sensibilizados sobre el impacto negativo de los estereotipos de género en materia de derechos de las mujeres…” (p. 4).
En cuanto a la violencia contra las  mujeres, esta comisión encontró dificultades para la aplicación de la Ley Orgánica de la  Mujer sobre una Vida Libre de Violencia (2007), estas inconsistencias van desde la eliminación de la Sub-Comisión hasta el reconocimiento de las fallas graves que presentan los receptores de  denuncias de las instituciones  competentes, la falta de un presupuesto justo y su debida contraloría, el seguimiento a las denuncias. También una observación interesante es la necesaria creación de refugios o casas de abrigo que sirvan de resguardo a las víctimas.
En el punto correspondiente a la trata y la prostitución de niñas y mujeres, las instituciones gubernamentales rezan las propuestas de las instituciones privadas y de la CEDAW (op. cit.)  en esta materia. En las zonas  fronterizas se mantiene como mecanismo de “control” el carnet rosado, y son usuarias de este por lo general mujeres muy jóvenes, se reconoce la creación de la Oficina de Trata de Personas por el Ministerio Público y la designación de fiscales con competencia nacional. No obstante, los resultados expuestos por el CEDAW (op. cit.), permite adelantar las siguientes conclusiones:

[…] por la prevalencia de la trata de mujeres y niñas, en particular en las zonas fronterizas, y por los informes de que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente en las zonas turísticas en el Estado Parte. En particular, lamenta el retraso en la adopción de una legislación integral para prevenir y ayudar a las víctimas de la trata, de conformidad con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo). El Comité sigue preocupado porque el Estado Parte no ha adoptado una estrategia amplia para abordar el fenómeno de las mujeres y las niñas en la prostitución, por la prevalencia de la trata de mujeres y niñas, en particular en las zonas fronterizas, y por los informes de que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente en las zonas turísticas en el Estado Parte. En particular, lamenta el retraso en la adopción de una legislación integral para prevenir y ayudar a las víctimas de la trata, de conformidad con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo). El Comité sigue preocupado porque el Estado Parte no ha adoptado una estrategia amplia para abordar el fenómeno de las mujeres y las niñas en la prostitución (p. 5).

No se evidencian planes públicos  para disuadir la demanda de la prostitución. Sin embargo, se  hace imprescindible revisar la legislación con el propósito de dar respuesta al serio problema  que representa la prostitución infantil y de adolescentes, cuyas sanciones deben aplicadas. Se deben promover acciones vinculadas a un frente contra el usufructo proveniente del trabajo sexual de mujeres y niñas. Asimismo se debe proveer a estas víctimas atención médico asistencial y apoyo socioeconómico.
En referente a la participación en la vida política y pública, es escasa la voluntad  de los poderes públicos para la elaboración y aplicación de medidas afirmativas que garanticen la paridad política en las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno. Se deben incrementar los esfuerzos para empoderar a las mujeres y reducir las brechas  de género establecidas.
Sobre el tema educación, la comisión alega su preocupación por la inadecuada  preparación de los educadores y educadores en las  áreas vinculadas a las  ciencias  naturales y la matemática. También se destaca un exacerbado énfasis por parte del Estado venezolano  en la inserción de los temas  militares en la educación. Por otro lado, se observa un crecimiento del índice relacionado con los embarazos en las adolescentes y su posterior abandono del sistema escolar, se debe promover una educación integral sobre  salud y derechos sexuales y reproductivos como parte regular  del currículo educativo (tanto para los educadores como para los educandos) es imperioso retener en las instituciones educativas a las niñas embarazadas y dar seguimiento a su reincorporación posterior al parto.
En concordancia  a la salud, hay un incremento en la mortalidad materno infantil, una inestabilidad en el suministro de anticonceptivos regulares y de emergencia  en la red de salud, existe una evidente escases (desabastecimiento de medicinas) y aun alto costo en los pocos que se consigue en el comercio informal, lo que ha producido un repunte en la brecha de  los embarazos  no deseados, con las implicaciones que esto conlleva. También se considera una seria alarma con relación a la distribución irregular de los retrovirales para personas con VIH/SIDA, el tratamiento del cáncer entre otros. En este marco de ideas la CEDAW (op. cit.) insta al gobierno parte a:

Aumentar los esfuerzos para reducir la mortalidad materna mediante la adopción de una estrategia global que prevea la aplicación efectiva del protocolo existente en la atención prenatal y atención obstétrica de emergencia, un mecanismo de vigilancia y servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, incluida la anticoncepción de emergencia, prenatal, del parto, postnatal y servicios de post-aborto [Se debe] Asignar suficientes recursos para garantizar que los servicios de salud adecuados, incluidos los destinados a la prevención y el tratamiento del cáncer, estén disponibles en todo el Estado Parte y en particular en las zonas rurales así como para, afro-descendientes, indígenas, las mujeres de edad y mujeres con discapacidad […] (p. 8).

Se deben incrementar las acciones para reducir los embarazos  en adolescentes, incorporando el acceso a la información adecuada según la edad y educación de los niños, niñas y adolescentes. Y también los organismos estadales deben avocarse atender la adecuada distribución de  retrovirales para aquellas mujeres y niñas  que viven con el VIH/SIDA.
Acerca de las mujeres retenidas (mujeres privadas de libertad) están internadas en una cárcel de mujeres y quince anexos femeninos, las cuales carecen de  garantías sobre sus derechos humanos, son frecuentes que ocurran casos de extrema gravedad, los cuales no llegan a resolverse. En relación a este punto la (CEDAW, op. cit.)  manifiesta su preocupación:

[…] preocupado por los informes de que las mujeres detenidas son objeto de violencia y que muchos de estos casos no se investigan adecuadamente y no son procesados. Está particularmente preocupado por los informes de que la jueza María Lourdes Afiuni fue presuntamente arbitrariamente detenida y sometida a violencia sexual durante su detención y que la investigación iniciada por el Estado Parte aún no ha producido ningún resultado. (p. 10).


En este caso la CEDAW (op. cit.) exhorta al gobierno a investigar y pronunciarse  con relación a  todos los  casos de detención arbitraria de mujeres y la violencia infringida contra ellas durante  el tiempo de su reclusión, asimismo se pide se indemnice a las victimas incluyendo a María Lourdes Afiuni Mora.

Referencia:

Organización para las  Naciones Unidas. (2014). Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones finales sobre el séptimo y octavo informes periódicos combinados de Venezuela [Página web en línea] Disponible en: http://observatorioddhhmujeres.org/cedaw_esp.htm  [Consulta: 2016, Junio 5]